La Campaña del Desierto y el posterior proceso de distribución de tierras constituyen uno de los momentos más decisivos en la configuración territorial, económica y social de la Argentina moderna. A fines del siglo XIX, la expansión estatal sobre los territorios habitados por los pueblos originarios implicó la instauración de un orden espacial articulado en torno a la concentración de la propiedad y a la subordinación de vastas áreas del interior. El territorio nacional fue reorganizado bajo los principios del modelo agroexportador, que asignó a la Pampa húmeda el papel de núcleo productivo y concentrador de inversiones, mientras que el resto del país quedó relegado a funciones periféricas. En este marco, la conformación de la gran propiedad rural y la consolidación de una elite terrateniente marcaron las bases estructurales del desarrollo desigual que caracteriza al espacio argentino hasta la actualidad.
La Construcción de un Territorio Desigual
Las desigualdades territoriales que estructuran el espacio socioeconómico argentino contemporáneo tienen su origen en los procesos de consolidación estatal del siglo XIX. En este contexto, la llamada “Conquista del Desierto” y las políticas de distribución de tierras que la sucedieron constituyen episodios fundacionales en la configuración de un orden territorial profundamente desigual, cuyas consecuencias se proyectan sobre la organización del espacio nacional hasta el presente.
Desarrollada entre 1878 y 1885, la Campaña del Desierto excedió el carácter de una operación militar para consolidarse como un dispositivo de territorialización del Estado en expansión. A través de ella se reconfiguraron las relaciones de poder y se redefinieron tanto las estructuras productivas como las jerarquías sociales, instaurando un patrón espacial basado en la concentración de la propiedad y en la subordinación de amplios territorios a los intereses del capital agrario. Este proceso funcionó, por tanto, como un mecanismo de acumulación originaria que sentó las bases materiales y simbólicas del desarrollo capitalista desigual en la Argentina.
El Proyecto Territorial de la Generación del Ochenta
La campaña militar conducida por Julio Argentino Roca se desarrolló dentro de un marco ideológico que definía el territorio nacional a partir de la noción de desierto. Esta categoría funcionó como una construcción discursiva orientada a justificar la expansión estatal sobre los territorios habitados por los pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia. En este sentido, el “desierto” operó como un dispositivo de legitimación que anulaba la presencia histórica de sociedades indígenas complejas, invisibilizando sus estructuras políticas, económicas y culturales.
El concepto de desierto actuó, así, como un significante vacío que posibilitó la articulación de un proyecto civilizatorio sustentado en la negación del otro étnico y en la apropiación material del territorio. Bajo el discurso del progreso y la modernización liberal del siglo XIX, las autoridades estatales presentaron la expansión militar como una empresa de orden y civilización, inscribiendo la violencia territorial dentro de una narrativa legitimadora de carácter nacional.
Dinámicas militares y resistencias indígenas
Las operaciones de ocupación se desplegaron sobre un territorio densamente estructurado por redes políticas y económicas indígenas. Jefes como Juan Calfucurá y Manuel Namuncurá articularon estrategias de resistencia diversas que combinaron la confrontación armada con mecanismos diplomáticos y alianzas interétnicas, evidenciando un grado significativo de cohesión y capacidad de adaptación frente al avance estatal.
La guerra de ocupación territorial se caracterizó por su planificación sistemática y por el uso de tecnologías militares destinadas a desarticular las condiciones materiales de reproducción social de las comunidades indígenas. El control estratégico de los recursos hídricos, la interrupción de los circuitos comerciales y la fragmentación de los territorios ancestrales conformaron los ejes principales de una política de sometimiento cuyo objetivo fue la integración forzada de esos espacios a la lógica productiva del Estado nacional.
Políticas de colonización y reparto territorial
La Ley de Inmigración y Colonización de 1876, conocida como Ley Avellaneda, definió el marco jurídico e institucional para la gestión de los territorios incorporados tras la expansión estatal del siglo XIX. Este instrumento normativo articuló un modelo de colonización basado en la promoción de la inmigración europea como medio de poblamiento, organización productiva y modernización del espacio nacional. La colonización se presentaba, en términos oficiales, como una estrategia para transformar el territorio en un ámbito de producción agrícola intensiva y racionalmente ordenado.
No obstante, la aplicación efectiva de la ley reveló profundas contradicciones entre los principios de democratización territorial y las prácticas concretas de adjudicación de tierras. Si bien el discurso legal promovía el asentamiento de pequeños productores, los mecanismos administrativos y financieros de acceso a la propiedad beneficiaron a actores con capacidad de inversión y vínculos con las redes de poder político. De este modo, el proceso de colonización se desvió de su propósito original, consolidando un patrón de apropiación concentrado y excluyente.
La formación del latifundio pampeano
El reparto de las tierras incorporadas derivó en la configuración de una estructura agraria fuertemente concentrada. Las extensas superficies de la Pampa húmeda —de alta productividad y valor estratégico— fueron adjudicadas a un reducido grupo compuesto por militares participantes de las campañas, especuladores vinculados al aparato estatal y miembros de la élite urbana. Este proceso generó una concentración de la propiedad que no puede explicarse únicamente por las dinámicas del mercado, sino por la acción deliberada del Estado en la conformación de un modelo de explotación extensiva orientado al circuito agroexportador.
La consolidación del latifundio pampeano estableció las bases materiales del patrón de acumulación sobre el que se estructuró la inserción de la economía argentina en el sistema mundial. La gran propiedad rural se transformó, así, en el soporte espacial del orden productivo y social dominante, definiendo tanto las relaciones de poder en el ámbito rural como las asimetrías territoriales que persistirían en el desarrollo posterior del país.
Genocidio Indígena y Despojo Territorial
La Campaña del Desierto implementó un conjunto de prácticas sistemáticas de aniquilación que la historiografía contemporánea ha caracterizado como un proceso genocida. Estas acciones incluyeron asesinatos masivos, violaciones, deportaciones y la esclavización de mujeres y niños, acompañadas por la destrucción intencionada de los recursos materiales que sustentaban la reproducción económica y cultural de las comunidades indígenas. En este sentido, el objetivo implicó la eliminación física y simbólica de los pueblos originarios como sujetos colectivos.
El genocidio operó en múltiples dimensiones mediante mecanismos que desarticularon las estructuras sociales indígenas. La fragmentación de las unidades familiares, la prohibición de prácticas rituales y lingüísticas, y la imposición de formas ajenas de organización social y laboral constituyeron instrumentos de un proyecto de homogeneización nacional que buscaba integrar el territorio bajo una matriz cultural eurocéntrica.
Frente a la violencia sistemática del Estado, los pueblos originarios desplegaron diversas estrategias de supervivencia y adaptación. Estas incluyeron la resistencia armada, la negociación política, el desplazamiento hacia zonas marginales y el ocultamiento de identidades étnicas como mecanismos de preservación. En los nuevos contextos territoriales, las comunidades reconfiguraron sus vínculos sociales, reconstruyendo redes de parentesco y formas de organización comunitaria que les permitieron sostener prácticas culturales y memorias colectivas a pesar de la represión institucional.
Consecuencias territoriales y desigualdades persistentes
El proceso de incorporación de nuevos territorios al Estado nacional argentino dio lugar a una organización espacial signada por la desigual distribución de recursos, infraestructuras y oportunidades de desarrollo. La Pampa húmeda se configuró como núcleo privilegiado de acumulación y modernización, concentrando la inversión pública y privada, las redes ferroviarias y portuarias, y los principales circuitos comerciales. En contraposición, las regiones del interior y de la Patagonia fueron relegadas a funciones periféricas dentro de la división territorial del trabajo, orientadas al suministro de materias primas y a la ocupación subordinada del espacio.
Estas asimetrías no se explican por factores naturales vinculados a la fertilidad del suelo o a las condiciones ambientales, sino por un conjunto de decisiones políticas que direccionaron los recursos estatales hacia las áreas de mayor rentabilidad económica. La planificación del sistema ferroviario, las políticas de crédito agrícola y las inversiones en infraestructura consolidaron un patrón territorial polarizado, cuyas lógicas de concentración y exclusión estructuran aún la geografía económica contemporánea del país.
La tierra incorporada al dominio estatal tras la Campaña del Desierto fue declarada propiedad nacional y distribuida mediante mecanismos que reforzaron la supremacía de los sectores vinculados a la oligarquía terrateniente y a los capitales nacionales y extranjeros. El Estado desempeñó un papel activo en este proceso, promoviendo la colonización y la urbanización del territorio bajo criterios de racionalización productiva acordes con el modelo agroexportador vigente.
El diseño de nuevos asentamientos, la delimitación de parcelas rurales y la organización de un sistema productivo basado en la ganadería y la agricultura extensivas respondieron a una lógica de concentración fundiaria. Las tierras fueron adjudicadas por medio de ventas, concesiones o asignaciones directas, lo que favoreció la conformación de una estructura agraria altamente desigual. Este proceso definió la base material del poder económico rural y condicionó la organización espacial del territorio argentino en las décadas siguientes.
El surgimiento de los grandes terratenientes estuvo estrechamente vinculado a la apropiación de tierras públicas tras la campaña y a la expansión patrimonial mediante la compra de propiedades contiguas. De esta manera, se consolidó una elite rural que combinó la posesión de vastas extensiones de tierra con una notable capacidad de influencia política, económica y social.
La concentración de la propiedad y la hegemonía territorial derivaron en la consolidación de un modelo de desarrollo sustentado en la gran explotación agropecuaria orientada a la exportación. La primacía de la Pampa húmeda como espacio de acumulación y modernización intensificó las desigualdades regionales y perpetuó las dependencias estructurales que continúan definiendo la organización territorial argentina contemporánea.
Territorios Nacionales y marginalización política
La creación de los Territorios Nacionales en la Patagonia, el Chaco y otras zonas incorporadas institucionalizó un régimen de subordinación política que excluyó a sus habitantes de los derechos de representación y autonomía propios de las provincias. Esta condición jurídica diferenciada respondió a una concepción centralista del Estado, que concebía esos espacios como áreas de explotación y control antes que de ciudadanía plena.
La provincialización tardía de estos territorios, a lo largo del siglo XX, no consiguió revertir las desigualdades estructurales generadas en el momento fundacional. La persistencia de déficits en infraestructura, servicios públicos y oportunidades económicas da cuenta de un proceso histórico de marginalización territorial, cuyas raíces se remontan a las políticas de ocupación y reparto de fines del siglo XIX.
Legados contemporáneos y memoria histórica
Durante gran parte del siglo XX, el relato oficial sobre la Campaña del Desierto se sostuvo sobre una narrativa heroica que exaltaba la expansión estatal y omitía deliberadamente las dimensiones genocidas del proceso. Monumentos, topónimos y conmemoraciones públicas actuaron como instrumentos de legitimación simbólica, naturalizando la violencia fundacional del Estado argentino e integrándola en un imaginario de progreso y civilización.
El cuestionamiento de esta narrativa hegemónica emergió a partir de las reivindicaciones de los pueblos originarios y de la labor de la investigación académica comprometida con la revisión historiográfica. Estos esfuerzos han contribuido a desmontar los discursos de negación y a plantear la necesidad de una relectura crítica de los mitos fundacionales, orientada al reconocimiento de las injusticias históricas y a la reconstrucción de una memoria colectiva más inclusiva y plural.
En la actualidad, diversas organizaciones de pueblos originarios han formulado demandas de reparación histórica orientadas al reconocimiento del genocidio, la restitución de territorios ancestrales y la garantía efectiva de derechos colectivos. Estas reivindicaciones se inscriben en un proceso más amplio de disputa por la memoria y por la reinterpretación crítica de los fundamentos históricos del Estado argentino. Sin embargo, enfrentan resistencias persistentes, expresadas en nuevos discursos negacionistas que reproducen las representaciones decimonónicas sobre los pueblos indígenas y su supuesto carácter “ajeno” al proyecto nacional.
Reflexiones sobre la construcción territorial argentina
La Campaña del Desierto y el proceso de reparto de tierras que la acompañó deben entenderse como momentos constitutivos en la formación del Estado argentino y en la estructuración de su orden territorial. Lejos de ser episodios contingentes, ambos conformaron un entramado político y económico que dio origen a las principales asimetrías espaciales del país.
La articulación entre genocidio indígena, concentración de la propiedad agraria y desarrollo regional desigual definió un patrón territorial basado en la subordinación de amplias regiones y poblaciones a los intereses productivos de la Pampa húmeda. Este modelo no derivó de condiciones naturales o inevitables, sino de decisiones políticas que orientaron la acumulación de capital y el despliegue de infraestructuras hacia zonas específicas del territorio nacional.
La revisión crítica de estos procesos resulta esencial para comprender las bases materiales y simbólicas sobre las que se edificó la territorialidad argentina. Las desigualdades espaciales contemporáneas en materia de infraestructura, acceso a servicios y oportunidades económicas, conservan la impronta de aquellas decisiones fundacionales que estructuraron un desarrollo profundamente desigual.
La construcción de un proyecto territorial más equitativo exige el reconocimiento de estas injusticias históricas y la formulación de políticas públicas orientadas a revertir los patrones de concentración y exclusión. En este marco, las demandas de los pueblos originarios por reparación y restitución territorial constituyen un componente central para repensar las condiciones de una reorganización espacial que promueva la justicia territorial y la inclusión en el contexto argentino contemporáneo.
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