La obra pública argentina, tradicionalmente considerada un eje vertebrador para el desarrollo territorial, el empleo y la integración nacional, ha enfrentado en la última década un proceso de deterioro marcado tanto por políticas de contracción presupuestaria como por la utilización intensiva de deuda pública destinada a fines financieros ajenos al impulso productivo. La materialidad de los sistemas viales, hidráulicos, educativos, sanitarios y habitacionales, históricamente sostenida por decisiones de inversión estatal, ha quedado supeditada a dinámicas exógenas de financiamiento y volatilidad macroeconómica, redefiniendo el rol estructural del Estado y la capacidad de modulación técnica sobre el territorio argentino.
La obra pública en la estructura territorial argentina
La obra pública en Argentina ha constituido, históricamente, un componente estructurante del desarrollo territorial, al articular redes de infraestructura que inciden en la movilidad, el empleo y la integración nacional. Sin embargo, durante la última década, este campo ha evidenciado un proceso de deterioro asociado tanto a la contracción presupuestaria como a la creciente dependencia de mecanismos de endeudamiento orientados a fines financieros desvinculados de la producción material. En este contexto, la estructura física de los sistemas viales, hidráulicos, educativos, sanitarios y habitacionales, tradicionalmente sostenida por la inversión estatal, ha quedado subordinada a dinámicas exógenas de financiamiento y a la volatilidad macroeconómica. Este desplazamiento redefine el papel operativo del Estado y limita su capacidad de modulación técnica sobre el territorio nacional.
Planificación, presupuesto y deuda en la obra pública
En el ámbito arquitectónico y económico, la obra pública se entiende como la concreción de infraestructuras y equipamientos que configuran la modulación espacial del territorio. Actúa sobre la concavidad urbana y rural mediante la implantación de trazados viales, volúmenes institucionales y fachadas de servicios públicos, que en conjunto conforman el soporte físico de la vida colectiva. El presupuesto público, por su parte, constituye el sistema de viabilidad técnica y administrativa de dichas obras, al determinar montos, secuencias y temporalidades de ejecución. En articulación con ello, la planificación territorial orienta la racionalidad formal y funcional de cada intervención, garantizando coherencia entre objetivos espaciales y estrategias de desarrollo.
De acuerdo con estudios técnicos del INDEC y de la Cámara Argentina de la Construcción, la correlación entre el incremento del presupuesto de obra pública y los indicadores de crecimiento nacional ha sido históricamente verificable. Sin embargo, en los ciclos recientes, la expansión del endeudamiento público ha adquirido una influencia decisiva. Desde una perspectiva técnico-financiera, la deuda puede operar como un instrumento complementario para obras de gran escala y complejidad estructural, siempre que su aplicación se dirija a la generación de infraestructura material. Cuando, en cambio, el endeudamiento se destina a cubrir déficits fiscales o a operaciones financieras sin correlato físico, se produce una contracción del efecto multiplicador sobre el empleo, la planificación y la cohesión territorial, debilitando la función estructurante de la obra pública en el desarrollo nacional.
Gobierno de Cambiemos: Contracción fiscal y expansión del endeudamiento financiero
Durante el período 2015–2019, la administración de Mauricio Macri adoptó una política económica basada en la reducción del déficit fiscal mediante la contracción del gasto público, que implicó un recorte sustancial del presupuesto destinado a la obra pública nacional. Como señala Di Stefano:
“las reformas emprendidas significaron un rediseño, una “reingeniería” del Estado y de la sociedad toda, al servicio de la máxima mercantilización de objetos, sujetos y espacios, que implicó un salto cualitativo en la profundización del modelo neoliberal en la Argentina.” (Di Stefano,2020,74)
Según diversos análisis sectoriales y organismos especializados, este ciclo se caracterizó por una toma acelerada de deuda externa bajo condiciones de corto plazo y elevado costo financiero. La mayor parte de esos recursos se orientó al financiamiento del gasto corriente, al pago de vencimientos previos y al sostenimiento de la salida de capitales, en detrimento de la inversión en infraestructura estructural y equipamientos estratégicos.
En términos reales, la inversión en obra pública se redujo alrededor de un 40 % entre 2016 y 2019, generando una retracción significativa en la modulación técnica de los sistemas viales, hidráulicos y habitacionales. La fragmentación de los programas federales, junto con la desarticulación organizativa del Ministerio de Obras Públicas y la transferencia parcial de competencias a las jurisdicciones provinciales, produjo una discontinuidad en los procesos de planificación territorial y de control técnico estatal. A ello se sumó la insuficiencia de recursos financieros transferidos, lo que amplificó la dependencia de las provincias y comprometió la coherencia estructural del sistema de obras públicas a escala nacional.
La dinámica de endeudamiento adquirió una dimensión estructural que afectó la capacidad operativa futura del Estado. Como señala Palmisano:
“Uno de los elementos que define la gestión de Cambiemos es el acelerado ritmo de endeudamiento público neto, que durante el período bastante superior al déficit primario del Estado (un 64,8% más en 2016 y un 43,9% en 2017)” (Palmisano,2020,180)
El volumen de deuda externa se triplicó durante el período, alcanzando aproximadamente los USD 320 000 millones, lo que desplazó de manera progresiva los recursos presupuestarios desde la inversión productiva hacia el pago de intereses y servicios financieros. Esta reasignación consolidó un ciclo regresivo de gasto, restringiendo la posibilidad de continuidad en proyectos emblemáticos y afectando la materialidad institucional del Estado nacional. Como consecuencia, se intensificó la cantidad de infraestructuras inconclusas, junto con la pérdida de capacidad técnica y de empleo en el sector: se estima una caída superior a 80.000 puestos formales en la construcción, con mayor impacto en las provincias de menor capacidad fiscal.
La primacía de la lógica financiera sobre la productiva redefinió la estructura del gasto público, transformando la inversión en obra pública en variable de ajuste. En este esquema, la deuda asumió un papel central como instrumento de estabilización transitoria, postergando la consolidación física y funcional de la infraestructura nacional y debilitando el rol histórico de la obra pública como articulador territorial y social.
Gobierno de La Libertad Avanza: Radicalización del ajuste y expansión del endeudamiento no productivo
El gobierno encabezado por Javier Milei profundizó la orientación fiscal restrictiva del Estado nacional, incorporando a su estrategia económica la paralización casi total de la obra pública y la ampliación del endeudamiento con fines exclusivamente financieros. Como señala Massot,
“Con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en 2024, procedió inicialmente a suspender la ejecución de partidas presupuestarias en materia de obras públicas” (Massot,2024,37)
La consigna de “cero obra pública” implicó la suspensión inmediata de miles de proyectos en ejecución, interrumpiendo procesos constructivos en distintas escalas territoriales, desde obras viales y sistemas hidráulicos hasta equipamientos educativos y sanitarios. En paralelo, los recursos provenientes de nueva deuda fueron destinados mayoritariamente a la estabilización cambiaria, la cobertura del déficit primario y el fortalecimiento de reservas en divisas, sin traducción en infraestructura material ni impacto sobre la modulación productiva del territorio.
Según los informes oficiales del Ministerio de Economía, la inversión estatal en obra pública descendió a niveles históricamente mínimos, representando menos del 0,4 % del PBI en 2024. Este retroceso supuso la virtual desarticulación de la capacidad institucional del Estado para planificar y coordinar intervenciones territoriales de alcance nacional. La transferencia de competencias a las provincias se realizó sin respaldo financiero suficiente, lo que condujo a la paralización y deterioro progresivo de numerosas obras viales, hidráulicas y sociales. Las jurisdicciones del norte y sur del país evidenciaron un aumento sostenido de la desigualdad territorial, con más del 60 % de los proyectos detenidos entre 2023 y 2025, situación que profundizó la obsolescencia funcional de la infraestructura y la vulnerabilidad frente a contingencias ambientales.
La radicalización del ajuste presupuestario, combinada con la orientación no productiva del endeudamiento, generó efectos visibles en la materialidad arquitectónica del territorio. Edificios escolares y hospitalarios inconclusos, rutas interrumpidas y sistemas hidráulicos incompletos conforman un paisaje técnico fragmentado, en el que se evidencian pilotis expuestos, fachadas desprovistas de cerramiento y estructuras de volumen institucional fallido. Estas configuraciones expresan una pérdida de coherencia espacial y funcional, reflejo del debilitamiento del Estado como agente ordenador y garante de cohesión territorial.
El sector de la construcción registró, en consecuencia, la mayor contracción laboral desde 2001, con más de 120 000 puestos formales perdidos entre 2023 y 2025. Al mismo tiempo, el peso creciente del servicio de la deuda restringió la capacidad estatal de respuesta ante emergencias, de planificación de largo plazo y de mantenimiento de la infraestructura existente. Este ciclo de endeudamiento no productivo derivó en una retracción estructural de la materialidad institucional y de la solidez técnica del Estado, que hoy se manifiesta en una fachada nacional fragmentada, residual y vulnerable.
Continuidades y agravamiento por endeudamiento no productivo
El examen comparativo de las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei permite identificar una línea de continuidad en la contracción de la capacidad estatal y en la delegación progresiva de competencias territoriales, aunque con un agravamiento evidente vinculado al uso de la deuda con destino no productivo. En el caso de Macri, el ajuste fiscal se combinó con una estrategia de endeudamiento orientada al sostenimiento financiero y no a la expansión de la infraestructura, consolidando una penalización estructural sobre la inversión pública nacional. Bajo el gobierno de Milei, esta tendencia se radicaliza: la paralización de la obra pública y la orientación exclusivamente financiera del endeudamiento configuran una discontinuidad absoluta en la tradición estatal de intervención territorial. En ambos escenarios, la deuda opera como mecanismo de estabilización transitoria, sin incidencia material sobre la planificación ni sobre la consolidación del volumen institucional del Estado.
En las dos gestiones se verifica el mismo desplazamiento estructural: la inversión pública cede prioridad frente a los compromisos financieros. Esta dinámica acentúa la residualización de la infraestructura estatal, la precarización del empleo en la construcción y la pérdida de coherencia en la modulación técnica del territorio. La fachada territorial argentina, entendida como la expresión física de la acción estatal, exhibe los signos de este proceso: fragmentación, desarticulación funcional y debilitamiento de la capacidad de articulación entre desarrollo y cohesión nacional.
Efectos estructurales y degradación por deuda sin destino material
El impacto sobre la infraestructura pública se intensifica con la utilización del endeudamiento para fines fiscales y financieros ajenos al desarrollo productivo. Los sistemas viales, hidráulicos y habitacionales presentan una creciente tasa de obsolescencia, evidenciada en estructuras inconclusas. En el campo educativo y sanitario, numerosos edificios permanecen en estado residual, con volúmenes incompletos y servicios inoperantes, configurando un tejido institucional dislocado. Paralelamente, el empleo formal en la construcción atraviesa una retracción sostenida, sin indicios de recuperación en el corto plazo.
La desigualdad territorial se profundiza: las regiones del norte y del sur del país concentran la mayor proporción de obras paralizadas y sufren la insuficiencia crónica de transferencias presupuestarias. Este proceso de endeudamiento sin traducción material consolidó una incapacidad estructural del Estado para responder a las demandas básicas de infraestructura, ampliando la vulnerabilidad institucional y territorial.
En términos técnicos y conceptuales, la experiencia de ambos gobiernos ofrece una constatación empírica: la deuda pública orientada a fines financieros, desvinculada de la modulación física del territorio, produce una materialidad institucional residual. Esta situación desarticula la estructura organizativa del Estado, restringe su capacidad planificadora y compromete las condiciones de sostenibilidad y cohesión territorial del desarrollo nacional.
Riesgos y límites de la desinversión pública y el endeudamiento financiero
El ciclo de desinversión estatal y endeudamiento financiero sin destino productivo, verificado durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, ha profundizado las debilidades estructurales del sistema de obra pública en Argentina. La reasignación del gasto hacia el pago de servicios de deuda, la intensificación del ajuste presupuestario y la transferencia incompleta de competencias a las jurisdicciones subnacionales han configurado un escenario de vulnerabilidad institucional y precariedad material. En este marco, la fachada nacional, entendida como expresión física de la acción pública sobre el territorio, evidencia fracturas conceptuales, técnicas y formales que ponen de manifiesto la pérdida de coherencia entre planificación, financiamiento y ejecución.
Desde la perspectiva académica y técnica, este proceso plantea riesgos de alcance estructural. La orientación del endeudamiento desvinculada de la producción de infraestructura y del desarrollo territorial, compromete la capacidad operativa del Estado y su función moduladora sobre el espacio nacional. La reducción del volumen institucional, la fragmentación de las redes físicas y la imposibilidad de articular políticas sostenibles delimitan los márgenes críticos de la estrategia vigente.
La situación actual exige, por tanto, una revisión profunda del marco conceptual y operativo de la obra pública en Argentina. La recuperación de su papel como instrumento de cohesión territorial y soporte material del desarrollo nacional requiere redefinir la relación entre financiamiento, planificación y estructura estatal, restituyendo a la inversión pública su carácter de elemento vertebrador en la construcción técnica y simbólica del territorio.
AB
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